En Rumania, el 42% de las familias reconoce haber pasado sobornos y el 38% de los funcionarios admite haber recibido alguno, según un informe del Banco Mundial. El rumano, frente al Estado, se mete la mano en el bolsillo; es un reflejo básico. Esta corrupción “de supervivencia” es el síntoma de una normalidad enfermiza –sea en el hospital, en la escuela, en la administración pública o en otra parte-.

Según el escritor y editor Mircea Cartarescu, la solución al problema habría sido eliminar de la clase política los antiguos cercanos al régimen comunista de inmediato tras su caída en 1989. Hoy, el debate acerca de una ley sobre lavado de dinero no hace más que empezar, y los remedios jurídico-legislativos no se han desarrollado sino lentamente. Guiado por un reflejo de autoprotección, Ion Iliescu, presidente durante la transición, dejó la corrupción consolidarse en las conciencias y en la realidad. La alternancia política posterior, a pesar de los discursos prometedores durante las campañas electorales, no ha sabido enderezar de forma eficaz la lucha contra la corrupción. Después, el mandato de Emil Constantinescu ha estado marcado por varios escándalos ligados a las privatizaciones o al tráfico de cigarrillos.

Gobiernos dubitativos

En 2002, se crea una comisión nacional anticorrupción, pero no atacará verdaderamente las raíces del problema. Traian Basescu, el actual presidente, no ha dudado en presentar la corrupción, en el momento de su campaña electoral, como una amenaza a la adhesión del país a la UE, así como a la seguridad nacional. Un tema con gancho que le ha ayudado a recoger el sufragio de sus compatriotas. Desde entonces, el Departamento Nacional Anticorrupción (DNA) ha logrado por fin adquirir la autonomía exigida por la UE, y cuenta con la confianza de cerca del 39% de los rumanos. El trabajo de la actual Ministra de Justicia Monica Macovei ha logrado el apoyo de los observadores internacionales. Otro punto fuerte del gobierno actual: la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción 2005-2007.

Pero la eficacia de las medidas anticorrupción queda por demostrar. Retomando la teoría del investigador búlgaro Ivan Krastev, para quien la fase postcomunista se percibiría como aún más corrupta que el régimen comunista, el jurista Sever Voinescu ha demostrado que esta “paradoja de la corrupción” es aplicable también a Rumania. En 2001, un sondeo Gallup afirmaba que el 94% de los rumanos juzgaba la corrupción como “grande”, incluso “muy grande”. Según un estudio más reciente realizado en febrero de 2006 por la oficina de investigaciones sociales rumana, los empleados más corruptos son, en orden, los de la justicia, de las aduanas, de la policía, de los hospitales, de las autoridades locales, de las administraciones financieras, de los sindicatos, de las escuelas, de los bancos y de la prensa. Según un balance del DNA, sólo el 17% de las personas perseguidas judicialmente en 2005 por corrupción ocupaba cargos importantes. ¿Los grandes tiburones escaparían pues a la red de la justicia? Casi la mitad de las personas interrogadas en el sondeo precedente piensan que el partido social demócrata (PSD), en el poder anteriormente, ha estado más preocupado por el enriquecimiento de sus líderes que por el bienestar de la población.

Declaraciones de intención

En su último Informe, la Comisión Europea ha hecho un llamamiento al gobierno rumano para luchar esencialmente contra la corrupción de alto nivel y la que está en el seno de las instancias encargadas de aplicar la ley anticorrupción. Es lo que Daniel Morar, el procurador en jefe del Departamento Nacional Anticorrupción (DNA), asegura hacer: actualmente investiga un cierto número de parlamentarios, entre los cuales está el antiguo Primer Ministro Adrian Nastase, considerado como las personalidad más corrupta del país, y el vice-presidente del gobierno George Copos.

Según el periodista y politólogo Emil Hurezeanu, son las presiones de la UE y el peligro inminente de una explosión social los que dictan actualmente la ley anticorrupción, considerablemente reforzada desde el 1 de enero de 2006. El mensaje de las campañas de sensibilización es claro: ¡no untes la mano! Sin embargo, si denunciar públicamente ayuda a prevenir, es perseguir en justicia lo que contribuye a socavar la corrupción endémica. Las acusaciones no sabrían de hecho reemplazar a las sanciones, tal y como recalca el director de Transparency International Rumania, Victor Alistar. Añadiendo que “los gobiernos rumanos deberían moderar sus actitudes triunfalistas”. En su informe nacional sobre la corrupción de 2005, hecho público el 1 de mayo pasado, la antena rumana de Transparency International deploraba que la corrupción sea todavía tan fuerte en todos los niveles a pesar de las reformas institucionales. Éste informe subraya la necesidad de mantener la presión sobre el gobierno y de insistir en la relación sana entre ciudadano y Estado, recomendando la adhesión de Rumania a la UE para el 1 de enero de 2007.

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